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29 de Agosto de 2016

Política contra el Narcotráfico: La represión no es solución

Palabras de la Senadora Constanza Moreira en el debate parlamentario sobre el proyecto de Ley de aumento de penas al Narcotráfico. "Allí donde no hay Estado, donde no hay políticas sociales, donde no hay escuelas, pensar en llenar ese vacío de Estado con represión es el gran error y el gran problema que han tenido las políticas de combate al narcotráfico en América Latina." Moreira se refirió a las principales victimas de este delito: "Hay países donde los delitos relacionados con las drogas representan la primera o segunda causa de encarcelamiento de las mujeres; el Uruguay va camino de eso, ¡va camino de eso! La tasa de encarcelamiento de mujeres en América Latina ha registrado el mayor aumento a nivel internacional. Debemos tener alternativas al encarcelamiento para las llamadas «mulas», señor presidente, que son mujeres y menores usados para transportar drogas y que, en general, están en situación de vulnerabilidad total. Y, ¿qué hacemos? Los llevamos presos."

Señor presidente: voy a comenzar diciendo que este es un proyecto que no me gusta, en varios sentidos, y voy a mencionar detenidamente cada uno de ellos.

En primer lugar, la oposición, con cierta ironía o quizás con un poco de hilaridad, ha señalado que este proyecto implica un aumento de penas que desnuda la verdadera política del Gobierno en relación a la lucha contra las drogas y el narcotráfico. Quiero desechar todo esto, porque en el período pasado votamos la ley de regulación de la cannabis, que solo contó con los votos del Frente Amplio y que fue una ley destinada a darle al tema de las drogas y el narcotráfico un enfoque radicalmente distinto al prohibicionista. Ese es un enfoque que, de alguna manera, hereda América Latina, que es un continente productor de drogas, derivado del paradigma prohibicionista de los Estados Unidos, que pretendía defender a sus consumidores.

     Creo que la política que ha seguido el Gobierno en este tema, sobre todo en el período pasado, ha sido muy audaz, muy propia, muy creativa, y está en línea con lo que están haciendo Colombia, México, etcétera. Hay un entendimiento muy distinto del que se ha expresado aquí sobre el tema de las drogas. Pero, más allá de eso, no puedo dejar de reconocer que este proyecto de ley abona en el terreno de la inflación punitiva, es decir, del aumento de penas. Y la verdad es que la evidencia empírica que tenemos sobre el aumento de penas, que se produjo especialmente durante los años noventa, muestra que el delito siguió produciéndose y aumentando. Esto sucedió a pesar de que aumentamos mucho las penas y en varios campos. Es decir que la evidencia empírica indica que el aumento de penas no reduce el delito y, además, produce algunos efectos adicionales, como el hacinamiento carcelario. Y sí, los delincuentes son seres humanos; también tienen derechos humanos. No es que toda nuestra legislación esté destinada a proteger a los delincuentes, pero quien comete un delito solo está cercenado respecto de algunos derechos, no de todos. De manera que, desde el punto de vista de la evidencia empírica, creo que la inflación punitiva no sirve para nada, señor presidente. Lo voy a dejar dicho así, con todas las letras.

En segundo lugar, tengo un desacuerdo filosófico, valorativo, profundo sobre esto, independientemente de la evidencia empírica, y es que entiendo que la cárcel es la última solución. Acá está lleno de abogados y todos saben que nuestra teoría del derecho positivo viene de la teoría del derecho natural. La libertad y la vida son los derechos naturales y la base del derecho positivo más importante. Sin embargo, la cárcel está siendo implementada no como último recurso, sino como primero, sobre todo en América Latina, donde el uso y el abuso de la prisión preventiva han llevado a que el 60% de la población carcelaria no tenga sentencia. Esto es una violación a los derechos humanos reconocida por las Naciones Unidas, en nuestro  país y en el resto.

En tercer lugar, tengo un desacuerdo jurídico. Me parece que si estamos discutiendo un Código Penal, no nos podemos pasar aumentando penas acá y allá. ¿No era que estábamos discutiendo un Código Penal integral? Discutimos el Código del Proceso Penal, lo aprobamos y la idea era que tuviéramos una visión integral respecto del Código Penal.

     No se trata de discutir proyectos que van siendo –y aquí viene mi cuarto desacuerdo, que es político– un poco aprobados también al grito de la tribuna. ¿Por qué digo esto? Porque me parece que una ley es solo una parte de una política pública. Ahora bien, para aquilatar una política pública hay que evaluarla. Y hay que evaluar las consecuencias anticipadas de la política pública que se inicia con la aprobación de una ley. Todos los que han tomado el curso que se dicta en el Parlamento lo saben, y además Gerardo Caetano y Oscar Sarlo hicieron un manual de práctica parlamentaria que dice que antes de aprobar una ley los legisladores deberíamos pensar en las consecuencias que la política pública que se instala como resultado de su aprobación va a tener en la población. Nosotros no hacemos eso; nosotros votamos leyes sin indagar los impactos que va a tener la política pública que dispara esa ley sobre la población. Y creo que este proyecto de ley no prevé algunos de esos impactos a los que me voy a referir más adelante.

     De manera que este proyecto de ley no me gusta. Lo voto a disgusto y por disciplina partidaria, por estos cuatros aspectos que acabo de mencionar.

Sin embargo, también creo que el Gobierno ha tenido lo que se llama una política dual en materia de drogas, es decir, una política por sustancia. Entonces, respecto de la marihuana tenemos algunas cosas, y luego, respecto de otras drogas, otras. Pero lo que primó en realidad –y me parece que es el espíritu político que anima a la izquierda en relación con este tema de las drogas– es que nosotros tenemos que proteger a los consumidores y tener una regulación sanitaria. Además, hay que tener en cuenta que como país tenemos un recorrido ejemplar en América Latina en este sentido, porque hemos dado a la cuestión de las drogas un enfoque diferente al prohibicionista. En esto nos hemos asociado con Brasil, con Colombia, con México. La OEA está discutiendo estas cosas.

La verdad es que me gusta cómo hablan aquí sobre las drogas, como si el alcohol y el tabaco no lo fueran. No, señor: son drogas. Pero son legales. Entonces, hay una especie de sesgo valorativo negativo hacia las drogas que son criminalizadas, pero las criminalizamos nosotros. ¿Y las otras? ¿No hacen mal? ¿No hacen daño? ¿Los psicofármacos que consume el 27% de la población no son drogas? ¿No lo es el alcohol que consume el 90% de los uruguayos? La gran droga del Uruguay no es la cocaína ni la pasta base: es el alcohol. Y si yo propusiera restringir su consumo prohibiendo, estoy segura de que no encontraríamos los votos para eso en este Plenario.

El 90% de los uruguayos consume alcohol, el 50% lo hace habitualmente y el 25% tiene un consumo problemático. A su vez, el 27% de los uruguayos consume psicofármacos y una cuarta parte de ellos, sin prescripción médica. El 25% consume marihuana. Pero la pasta base, que nos desvela a todos, es consumida por el 0,7 %. Estamos haciendo toda una discusión sobre la pasta base, que la consume el 0,7% de la población.

Hemos escuchado al anterior director de la Junta Nacional de Drogas –muchos de nosotros estábamos aquí en el período pasado– hablar incansablemente sobre el tema de las drogas y decir que el problema no es la sustancia sino la adicción. Está claro que no todos los consumidores de alcohol son unos borrachos y unos alcohólicos; hay una relación entre la persona y la sustancia. Legislar y correr atrás de la sustancia no tiene ningún sentido. Es el vínculo de la persona con la sustancia lo que determina si es adicta o no. Además, vamos a entendernos: la prohibición no ha determinado la baja del consumo sino que, por el contrario, ha aumentado en todo el mundo.

Voy a hacer una crítica al partido de gobierno –no preciso que nadie la haga; la hago yo– por nuestra oscilación entre el paradigma regulacionista y el paradigma prohibicionista de las drogas. ¿Por qué lo digo? Porque por infracción a la ley de drogas, procesamos y detenemos cada vez a más gente. Y nosotros sabemos que estas infracciones vienen determinadas por las convenciones internacionales, porque el Uruguay nunca fue un país productor de drogas.

     Hay un artículo en el proyecto de ley sobre el aumento de penas para la producción de drogas. ¿Qué drogas se producen en el Uruguay? Alcanza con ver las cifras: la droga que se incauta en toneladas es una droga de tránsito, no la produce el Uruguay. No hay un laboratorio que produzca drogas sintéticas, pero allá tenemos un aumento de penas para su producción.

El gran problema latinoamericano, señor presidente, es que es un continente productor de drogas, y por eso sufrió el paradigma prohibicionista que le impusieron las convenciones internacionales, pero principalmente Estados Unidos –que tiene un gran poder en el mundo–, porque quería defender su mercado de consumo. ¿Respecto de quién? De nosotros, los pobres productores.

Cada vez tenemos más detenidos y procesados por infracción a la ley de drogas. No me importa tener detenidos y procesados por lesiones a la vida, por violencia –que está «salada» en este país–, hasta por infracciones a la propiedad privada. Pero sí me preocupa tener cada vez más detenidos y procesados por infracción a la ley de drogas. Todos quienes estamos en este tema sabemos muy bien cómo ha venido en el mundo, primero por la producción de opio en China y después para abajo. Y nosotros, sin comerla ni beberla, tenemos las cárceles llenas por esta causa. Pero lo que más me preocupa, señor presidente, es el aumento del número de mujeres que están siendo procesadas: un cuarto de las presas de Cabildo están siendo procesadas por drogas. Se procesan 140 personas por año, y en diez años, señor presidente, duplicamos el número de personas detenidas y procesadas por delitos relacionados con las drogas.

Tengo sobre la mesa una nota del diario El Observador con declaraciones del titular de la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas, Walter Menéndez. El artículo comienza diciendo: «Los procesamientos por venta de drogas crecieron en 2015 en Montevideo en comparación con el año anterior, al pasar de 291 a 454…». Quiere decir que duplicamos en el 2015 el número de detenidos y procesados. En cuanto a la venta de estupefacientes –que es de lo que trata esta ley–, se pasó de 936 a 1.237 procesados entre 2014 y 2015. En Montevideo los enjuiciamientos por tráfico de drogas crecieron más de la mitad. Así que imagínese, señor presidente, el impacto que va a tener un aumento de penas para el tráfico determinado por esta figura de la organización del tráfico.

     Nosotros decimos que no queremos ir contra el narcomenudeo, pero la oposición dice que quiere ir contra el narcomenudeo. Quiere decir que estamos aprobando una ley con dos interpretaciones completamente distintas. Para el Frente Amplio esto no determina el procesamiento del microtráfico –no es tráfico chiquito; es microtráfico–, pero la oposición aprueba esta ley porque determina el procesamiento con prisión y la inexcarcelabilidad del microtráfico. De manera que estamos aprobando un proyecto de ley en el que las señales que estamos dando a los jueces o a los operadores jurídicos que vengan a leer las actas de la discusión de este proyecto entrañan dos concepciones radicalmente distintas.

Walter Menéndez dice que la suba en el total de procesamientos obedece a la nueva estrategia desplegada en 2015 por la repartición y que apunta a combatir las bocas de venta de droga en los barrios, a lo que se ha referido muy extensamente el señor senador preopinante. Y habla de atacar el narcomenudeo, etcétera.

¿Qué dice lo que hay en el mundo sobre esta estrategia de ataque? En nuestro caso nos referimos a la boca de pasta base, pero vamos a llamarle «microtráfico». En Uruguay será el problema de la pasta base, pero ya hicimos una ley, señor presidente, para reprimir el tráfico de pasta base. Los jueces se vuelven locos tratando de determinar qué es pasta base y qué es cocaína, porque es lo mismo. Todo es coca. Lo que ocurre es que en un caso es clorhidrato y en el otro se dice que es una mezcla de cocaína con ácido sulfúrico, etcétera. Lo que mata a la gente no es el ácido sulfúrico ni el veneno con el que se corta la droga, sino la adicción a la droga. Y lo que mata a la gente es si la droga se bebe, se come o se inhala. No vamos a lograr controlar la sustancia para que no tenga veneno; lo que mata es la adicción. Pero volvimos locos a los jueces obligándolos a determinar la diferencia entre la pasta base y la cocaína. Eso no es inteligencia política.

Voy a hacer referencia ahora a un trabajo del Woodrow Wilson Center titulado La rebelión de las redes criminales. El crimen organizado en América Latina y las fuerzas que lo modifican. Allí se dice: «las organizaciones criminales –en América Latina– buscan ganar mayor autonomía, pasando de depredar bienes existentes en la sociedad –el robo es un ejemplo de eso–, a ofrecer productos ilegales que esta sociedad demanda a pesar de las prohibiciones». La prohibición, señor presidente, no cambia en nada la demanda creciente y sostenida de productos ilegales.

     Más adelante, en ese mismo informe, hay diez recomendaciones para responder al desafío del crimen organizado en época de rebelión de las redes criminales.

     La primera de ellas es cambiar la manera de medir los «éxitos». ¿La contabilidad de muertes, capturas e incautaciones es un éxito, señor presidente? Si cada vez hay más gente que consume, si cada vez hay más organizaciones criminales, si la criminalización del narcotráfico lo único que hace es robustecer y engordar las redes criminales, ¿qué éxito estoy teniendo? Ninguno.

La segunda recomendación es contener la expansión de los mercados ilegales locales, pero con una estrategia de represión de los grandes proveedores, no de los chicos.

Otra recomendación es trascender el monólogo del narcotráfico. Un experto argentino que había trabajado en la policía de ese país decía que si se sigue la ruta de la droga se termina en una villa, un asentamiento, una favela, pero si se sigue la ruta del dinero, se termina en la política, en los jueces, en las altas esferas de la sociedad. Son dos rutas que nos llevan a lugares muy distintos, señor presidente. Yo quiero terminar en la ruta de arriba, porque el pescado muere por la cabeza. No quiero terminar deteniendo mujeres y menores. Y estamos deteniendo a muchos menores y muchas mujeres, que son la punta de la cadena, la subalternidad social de este país.

Más adelante se recomienda llenar los vacíos de poder con institucionalidad. Alguien dijo que acá no entró la droga porque nosotros no se lo permitimos, igual que en Chiapas. Mientras México estaba devastado por la droga, parecía que Chiapas estaba a salvo. ¿Por qué? Porque había organización popular de base. Señor presidente: la criminalidad se detiene con comunidad organizada, con empoderamiento, no con represión, porque la represión mina todavía más –si es solo represión– la poca organización social que tenemos en los sectores populares.

Otra de las principales recomendaciones es, por supuesto, interrumpir el flujo de armas. Lavado de activos, tráfico de armas, narcotráfico y trata de personas es el combo del crimen organizado, pero nosotros «dale con el narcotráfico».

La última recomendación es abrir espacios de ciudadanía en contextos de violencia. Sobre el punto en este trabajo se dice: «El primer paso es reconocer a las comunidades como sujetos activos en la superación de la violencia y la contención de la criminalidad. Los pobladores locales tienen un papel protagónico en las estrategias de seguridad, lo cual requiere superar el enfoque del ciudadano-informante –el ciudadano «buchón»–, e identificar y apoyar mecanismos de resiliencia e iniciativas que contribuyan a la reconstrucción del tejido social». Allí donde no hay Estado, donde no hay políticas sociales, donde no hay escuelas, pensar en llenar ese vacío de Estado con represión es el gran error y el gran problema que han tenido las políticas de combate al narcotráfico en América Latina.

En síntesis, ¿qué opino del proyecto de ley? Considero que es un retroceso con relación a la Ley n.º 19172, del año 2013. Creo que volver inexcarcelables algunas situaciones de la vieja ley de drogas es más presión sobre el sistema penitenciario, y todavía no sabemos qué vamos a hacer con esa política, porque también tenemos una discusión acá, a saber, si las cárceles van a ser mecanismos de rehabilitación de los ciudadanos o si la gente va a salir peor de ellas. Ya pensar que internando a alguien lo vamos a sacar mejor es algo que deberíamos, en principio, cuestionarnos. Y con esto no me refiero solo a las cárceles, sino también a la internación de los adictos, de los viejos, de los locos. Toda esa política de privación de libertad para todo aquello que nos cause un problema en la sociedad es una política de sacarnos los problemas de arriba.

¡Que vayan y los internen! ¡Sáquemelos de la vista, doctor! ¡Sáquemelos de la vista, señor juez! Pero todo eso lo producimos nosotros mismos; no hay otra fuente de la que salgan los ciudadanos que no sea de esta misma sociedad chiquita, como se dijo aquí.

Ya dije lo que dije sobre la pasta base, la cocaína, el ITF y toda esta cosa para diferenciar lo indiferenciable, porque el problema de la muerte o del deterioro de las personas por consumo de sustancias se vincula con la relación que tienen con esa sustancia y la cantidad de veces que la consumen. Legislar por sustancia es lo peor que se puede  hacer.

Por otra parte, señor presidente, las mujeres son procesadas tanto por el artículo 31 como por el artículo 34 de la ley de drogas, por lo que aprobando esta propuesta así como está no vamos a tener garantías de que las mujeres de las bocas de pasta base no sean procesadas.

Hay algunas otras cosas que mis compañeros ya me escucharon decir hasta el cansancio pero igualmente las voy a expresar aquí. La Junta Nacional de Drogas tiene la Estrategia nacional para el abordaje del problema drogas en Uruguay para el  período 2016–2020; este es el marco político. Si nosotros no hacemos referencia a esa estrategia nacional para el abordaje del problema de las drogas y no incluimos a la Junta Nacional de Drogas en toda esta comisión de lucha contra el narcotráfico, corremos el riesgo de desequilibrar el abordaje integral y de dar rienda suelta a la parte represiva y esta es, básicamente, la razón de mi desacuerdo con el proyecto de ley.

Aquí hay un informe técnico sobre alternativas al encarcelamiento para delitos relacionados con drogas producido por la OEA, señor presidente, ¡por la OEA! Quiere decir que no se trata de ningún partido de izquierda trasnochado y hippie el que hizo este documento. ¿Qué dice este documento de la OEA? Que la represión indiscriminada a través de la aplicación de medidas severas para la infracción a la ley de drogas recae «sobre los eslabones más débiles», que la «utilización irreflexiva del derecho penal, muchas veces traducida en la proliferación de nuevos delitos, el aumento de las penas y el encarcelamiento indiscriminado» aumenta la vulnerabilidad social; que el derecho penal debe ser «concebido como la más grave de las formas de reacción del Estado frente a comportamientos desviados» y que en América Latina la cárcel se usa como primera y no como última solución. Dice cosas más duras todavía.

SEÑORA MOREIRA.- La voy a conceder después porque ahora estoy en plena escalada hablando sobre estas cosas.

Ese informe también dice que el aumento o expansión de penas criminales en el campo de las drogas tiende a ser un indiferenciador de las conductas –es decir que penamos, al barrer, toda conducta que tenga que ver con las drogas– y que esto aumenta la vulnerabilidad de los eslabones débiles del tráfico.

Hay países donde los delitos relacionados con las drogas representan la primera o segunda causa de encarcelamiento de las mujeres; el Uruguay va camino de eso, ¡va camino de eso! La tasa de encarcelamiento de mujeres en América Latina ha registrado el mayor aumento a nivel internacional.

Debemos tener alternativas al encarcelamiento para las llamadas «mulas», señor presidente, que son mujeres y menores usados –y hay películas con esta temática– para transportar drogas y que, en general, están en situación de vulnerabilidad total. Y, ¿qué hacemos? Los llevamos presos.

     Sabemos que hay personas que trafican con drogas porque son adictas y, ¿qué hacemos con toda esta gente? La metemos presa.

     Reitero que hay que buscar alternativas al encarcelamiento.

El informe también dice –y nos cuesta escuchar esto porque creemos que vamos a mejorar a la gente llevándola a la cárcel–, que los efectos del encarcelamiento superior a un año pueden aumentar la reincidencia y los problemas en vez de disminuirlos.

Ahora concedo la interrupción que me había solicitado el señor senador Heber.

SEÑORA MOREIRA.- Señor presidente: ya estaba terminando mi exposición, pero las reflexiones del señor senador Heber me obligan a hacer una digresión.

Me hubiera encantado haber tenido estas discusiones antes de traer el proyecto de ley al plenario. No es aquí donde debemos discutir –porque ya tenemos los votos–, sino que hay que hacerlo antes para elaborar mejores leyes y para que en ellas estén incluidas mejores evaluaciones de las políticas.

Sobre si el aumento de penas ha reducido los delitos, cabe aclarar que los números están y muestran lo contrario: hemos aumentado las penas y cada vez tenemos más delitos en el Uruguay. A mí me encantan los números y las estadísticas, y estas van en el sentido contrario. La Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas en América Latina, que está en la OEA, fue inicialmente disparada por Fernando Henrique Cardoso, por Gaviria y por Zedillo, y ahora se ha sumado Santos. Recomiendo que vean Guerras Ajenas, que es un documental de HBO sobre las drogas  que se exhibe casi todos los días. La discusión radica en que la guerra contra las drogas no solamente ha sido un fracaso, sino que ha aumentado el número de consumidores en toda América Latina, la criminalidad, la violencia y la rentabilidad.

     Quiero aprovechar para expresar algo que me había quedado por el camino: no es verdad que quienes van a delinquir no conocen cuáles son las penas ni que el incremento de las penas sea disuasorio del delito. También les aconsejo a los señores senadores que vayan a ver una obra de teatro, que está en cartel hace diez años, que se llama Rescatate y trata sobre unos muchachos que asaltan un local de Abitab de Malvín. Esa obra demuestra exactamente lo contrario a lo que se viene diciendo: si aumenta la pena, aumenta el riesgo que una persona está dispuesta a asumir como resultado del delito que comete. Además, los economistas –que han estudiado el tema del narcotráfico– hacen hincapié sobre el tema de la información y de los riesgos. Cuando aumenta la penalidad, el narcotráfico se vuelve cada vez más micro, más fragmentado, más disperso y eso incrementa los riesgos que se está dispuesto a correr. Y cuando hablo de los riesgos que se está dispuesto a correr, me refiero a si se utiliza un arma o no, etcétera.

Para hacer una reflexión más positiva, quiero decir que es negativa la evaluación que tenemos sobre la guerra tradicional contra las drogas, con excepción de algunas experiencias puntuales. Y voy a mencionar nada más que dos. Una de ellas se llama Back on track, y está dirigida a infractores de entre 18 y 30 años de edad que no tienen condena previa, que han sido acusados por microtráfico, pero que no han incurrido en violencia. Es un programa que dura entre doce y dieciocho meses, en el que se trabaja con ONG locales. Es una medida de trabajo para esta población con penas alternativas. Menciono también la reforma del artículo 77 de la Ley n.º 8204 para mujeres en Costa Rica. La reforma permite que las mujeres procesadas que se encuentren en condición de pobreza, sean cabezas de hogar en situación de vulnerabilidad o tengan bajo su cargo a personas menores de edad, adultos mayores o con alguna forma de discapacidad, puedan beneficiarse de prisión domiciliaria, libertad asistida, centros de confianza o libertad restringida con dispositivos electrónicos. Menciono dos ejemplos distintos, pero existen muchos más para menores y para mujeres.

La conclusión a la que llegó la OEA es que hay que reducir el procedimiento penal, limitar el uso del encarcelamiento como retribución o como sanción y disminuir el tiempo efectivo de privación de libertad. Creo que con este proyecto de ley estamos yendo en la otra dirección. Estoy en desacuerdo con el proyecto de ley por cuestiones filosóficas pero, además, por considerar que la orientación es equivocada. Lo digo con propiedad porque me he pasado asistiendo a cumbres sobre las drogas. Creo que podemos concluir que el aumento de penas no ha mejorado el problema de los delitos y me parece que la izquierda, el Frente Amplio, tiene que ser más firme –con acuerdos multipartidarios o sin ellos– sobre la inflación punitiva en el Uruguay, fundamentalmente porque nuestro país viene de otra tradición. El Uruguay viene de la benignidad penal, no de una tradición penalista dura.

Las visiones para el tema de las drogas que no pasan por un enfoque penalista, de privación de libertad, son más complejos; hay que involucrar a la comunidad y llevar adelante políticas sociales. Nosotros queremos ir simple y rápido, pero en esto no hay atajos y cualquier padre o madre que haya tenido un hijo con problemas de este tipo lo sabe.

Gracias.

SEÑORA MOREIRA.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑORA MOREIRA.- Señor presidente: como el señor senador Bordaberry mencionó a Gary Becker y otros estudios, no voy a aburrir al Plenario con más información, pero por supuesto que el informe de la OEA dice «la solución para aumentar la seguridad pública no pareciera ser tan simple como el aumento de la encarcelación. En primer lugar, no hay una relación consistente entre los índices de delincuencia y las tasas de encarcelamiento». Con mucho gusto después puedo pasarle al señor senador Bordaberry toda esta bibliografía –escrita en idioma en inglés– pues, como dije, no voy a aburrir al Cuerpo leyendo esto ahora. También hay una vasta bibliografía sobre la evidencia de que el encarcelamiento por más de un año puede conducir a un aumento de la posibilidad de reincidencia, y para muestra basta un botón: efectivamente, hemos tenido un aumento de la penalidad en el Uruguay en las dos últimas décadas y el delito siguió creciendo. Quiere decir que hay que trabajar más, hay que trabajar mejor, hay que desarrollar una visión compleja de los problemas y hay que tener más políticas sociales y menos cárceles.

Con respecto al tema de las mujeres, simplemente digo al señor senador Heber que no es que las defienda más, sino que, como soy feminista –«¡qué horror!»–, ante cada política y cada proyecto de ley que aprobamos siempre pienso en cómo pueden afectar a las mujeres. No es que sea su mejor defensora, pero pongo el ojo en esa población y especialmente en las mujeres en situación más vulnerable. Es mi obligación como feminista evaluar cada política con esa mirada.

Muchas gracias.

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