Frente Amplio

La educación en el ojo de la tormenta electoral

Esta semana los uruguayos asistirán a un nuevo "round" en la lucha electoral so pretexto del tema educación. No es para menos: la educación es uno de los botines electorales más preciados. De un lado, están los políticos que quieren "domar" la educación, controlando desde el Poder Ejecutivo todas sus instituciones, como si ésta fuera la solución a todos los problemas. Más allá, los que apuestan a la educación privada como superación de los problemas de la educación pública, y creen que aumentando la oferta privada en el mercado de la educación, andaríamos mucho mejor. Más acá, del lado de la izquierda, todavía subsiste una cultura de cogobierno y autonomía, pero en convivencia con posturas muy críticas respecto de la forma en que estos principios se instrumentan, o del rol de los docentes en el gobierno de la educación. En cualquier caso, la exigencia de resultados inmediatos, y la acusación al gobierno de la educación de que "todo anda mal", sólo generan reacciones defensivas, y el ruido general no ayuda nunca a rescatar el valor de verdad que asiste a cada parte.

Sin haber sido nunca tratados en la Comisión de Educación y Cultura, se presentan ante el Senado cuatro proyectos de ley elaborados por el senador Pedro Bordaberry. Previamente, el Ministro de Educación y Cultura, Ricardo Ehrlich es nuevamente citado en régimen de Comisión General a la Comisión Permanente. Los proyectos presentados por Bordaberry remiten a aspectos centrales de la educación. Pero resulta incomprensible por qué no fueron estudiados en la comisión respectiva, por qué no se consultó a las instituciones correspondientes, o por qué no se intentó un diálogo -ya no un acuerdo- con los otros partidos políticos. El tema de la educación parece estar más denunciado que resuelto. Y la razón por la que no puede ser resuelto es relativamente elemental: nadie tiene la "receta mágica", y lo que estamos haciendo es ensayar una inmensa batería de planes y programas, para determinar cuáles dan el mejor resultado y cuáles no funcionan. No se avanza de otra manera en la política pública, y ningún concierto de "expertos" podrá resolver lo que el conjunto del sistema integrado por docentes, alumnos y familias, no pueda o no sepa llevar adelante.

Sin embargo, la oposición sigue ensayando un libreto antiguo, pero que aún goza de buena reputación: la transformación de la educación depende de modificar el gobierno de la educación "devolviéndole" al Poder Ejecutivo el control que le dio la Ley N°14.101 de enero de 1973. Aun cuando ya nadie defiende el "control total" del Poder Ejecutivo sobre la educación (y en esto hay avance), lo que se busca es que los representantes del Poder Ejecutivo tengan una mayoría clara sobre el resto. Por qué estos representantes habrían de ser más sapientes o justos que los trabajadores del sistema, es un misterio. Pero esta discusión se repite en todos los casos; sea que hablemos sobre la formación pedagógica, la educación técnica, o los sistemas de acreditación universitaria, el tema es siempre "quién gobierna" la educación. En mi humilde opinión, no es la mejor manera de avanzar en lo que nos ocupa.

Vayamos entonces al primer proyecto planteado por Bordaberry: aumentar los días de clase. Más allá de las consideraciones sobre la "constitucionalidad" del proyecto -en la medida que invade la esfera de competencia de las instituciones educativas-, tiene el atractivo de la simpleza. Si se dan más días de clase (en este caso 200), estaremos tan avanzados como Finlandia, Estados Unidos, Canadá o Islandia. La simplificación parece atractiva: aumentamos el número de días de clase, y por consiguiente, mejoraremos en las pruebas Pisa. Lamentablemente, lo que la exposición de motivos del proyecto olvida decir es que los países "ejemplo" tienen una asignación de recursos muy superior a la de Uruguay: Estados Unidos destina el 5.6% de su PBI, Finlandia el 6.8%, Francia el 5.9% e Islandia el 7.8%. Nosotros, para llegar al 4.5%, dimos una lucha de años que incluyó el fracaso de un plebiscito. Tras llegar al gobierno, y aún cuando casi renuncia un ministro, seguimos contra viento y marea poniendo el tema del presupuesto para la educación en nuestra primera línea de propuestas. No he visto a un solo candidato blanco o colorado referirse al tema de los recursos. ¿Les parece bien el 4.5%? ¿Quieren más? ¿Quieren menos? He ahí un tema especial para generar un acuerdo multipartidario: "nunca menos de un 4.5%", por ejemplo. Pero sin duda la extensión del tiempo pedagógico está en la discusión, aunque su fijación arbitraria a través de una ley elevada para su consideración al Parlamento en febrero, no sea la estrategia más adecuada para incluirlo en los planes.

En primer lugar, la consideración de la extensión del tiempo pedagógico a partir del número de días, dice poco: deben tomarse en cuenta las horas que se asiste efectivamente a clase. Por ejemplo, si uno toma en cuenta el promedio de días que los niños asisten a clase en la educación primaria uruguaya, éste no se diferencia mucho del de Estados Unidos o el de Canadá. Pero si se toma en cuenta el número de horas, entonces Uruguay está por debajo del promedio de estos países. En enseñanza secundaria pasa exactamente al revés: el número de días está por debajo del promedio, pero no el número de horas efectivas de clase. Así, fijar arbitrariamente los días de clase, no parece conducir mucho al resultado deseado. La otra consideración a hacerse es que no tenemos, hasta el momento, evidencias empíricas suficientes para afirmar que la extensión del tiempo pedagógico mejore los resultados del aprendizaje.

Pero supongamos que apuntamos a otras "rentabilidades" positivas de una mayor permanencia de los niños, niñas y adolescentes en sus locales de estudio (entre ellas, que las madres no tengan que "comprar horas-cuidado" de los mismos mientras están trabajando). Bien, entonces, tenemos que tener una estimación global de lo que tenemos (horas, locales, docentes) y de lo que querríamos tener: determinar los recursos humanos que necesitamos, las exigencias locativas que debemos atender y el presupuesto que hay que asignar. Esto sería el mínimo para tener una propuesta razonable. Pero, estamos pasando por alto algo fundamental: todo esto ya se está haciendo. Las escuelas y liceos de tiempo extendido y completo implican una de las propuestas más ambiciosas del actual gobierno, y están dando un excelente resultado.

Otros proyectos presentados por el senador Bordaberry se orientan en el viejo sentido de darle más poder al Poder Ejecutivo en el control de la educación. Uno modifica la integración del Codicen aumentando el poder del Ejecutivo en su composición, y el segundo busca aprobar el Instituto Universitario de Educación. Vale la pena detenerse en esta segunda propuesta. Si hacemos memoria, el Instituto Universitario de la Educación fue reemplazado por la Universidad de la Educación, que fue votada en la Cámara de Diputados, y frenada indefinidamente cuando llegó al Senado, ya que sufrió la defección de los votos de un sector del Partido Colorado, y la negativa a votarlo del Partido Nacional. ¿La razón? La misma de siempre: si a la Universidad no la dirige el Poder Ejecutivo -dicen blancos y colorados- no la votamos. De nada vale la pena recordarle a la oposición que la Universidad de la República, cogobernada y autónoma, ha dado el ejemplo a nivel nacional de aumento sostenido de la matrícula y del número de egresados, o la diversificación de su oferta educativa en todo el país. No se precisó que el Poder Ejecutivo la gobernara para que mejorara: sólo se precisó asignarle más recursos, mejorar el relacionamiento con el Estado, y acompañarla políticamente en sus esfuerzos. Al menos en el caso de la Universidad, reconozcamos que la autonomía y el cogobierno no han causado ningún daño, sino todo lo contrario. El proyecto de ley de Bordaberry en relación al Instituto Universitario de la Educación, propone integrar el gobierno con tres representantes elegidos por el Presidente de la República, uno de los cuales será el Rector. De triunfar cualquier iniciativa de este tipo, empezaríamos a remar en dirección contraria a la autonomía de la educación y volveríamos, qué duda cabe, al espíritu de 1973.

Es por ello también que las propuestas de aprobar una Universidad de la Educación sin dirección, que circuló en la bancada de senadores del FA, dejando para el gobierno siguiente la resolución de la integración de su Consejo Directivo, entrañan un riesgo que la izquierda no debe correr. El riesgo de que una mayoría parlamentaria en el próximo período, de la que desconocemos su futura integración, vote una propuesta similar a la del senador Bordaberry, borrando de un plumazo más de medio siglo de lucha por la autonomía y el cogobierno de la educación. El problema que se presenta con este proyecto es lo que "no se dice": que no hay voluntad política de los blancos y los colorados para aprobar la Universidad de la Educación. Y quedará en el debe, y los uruguayos deben ser conscientes de que las "trancas" en la educación no provienen de gobiernos ineficientes y gremios radicalizados, sino de aquellos que reclaman todo el día por la educación, pero luego no se avienen a dotar al Parlamento de las mayorías necesarias para transformarla.

El cuarto proyecto que se presentará este miércoles, retoma una vieja idea de cuño liberal: salvemos a la educación con los centros privados. La propuesta pretende que se le pague una cifra por estudiante/mes a los centros educativos privados, para que éstos atiendan la demanda de educación. Es la vieja idea del "voucher" de la educación: el Estado (todos nosotros) paga, y los padres "compran" educación en donde quieran. El proyecto no menciona las múltiples ayudas que ya le da el Estado a la educación privada (subsidios y exoneraciones varios), ni los filtros que operan en los centros privados que serían inadmisibles en la educación pública. El proyecto finalmente olvida una verdad por todos conocida: la educación pública no es peor que la privada, si comparamos alumnos con nivel socioeconómico equivalente; pero la que se ocupa de todos es la educación pública.

En síntesis: todos los proyectos tienen un denominador común: que el Poder Ejecutivo "tome las riendas" de la educación. Algo que estuvo en el origen de los problemas de la educación, de la vieja ley de 1973, y que a muchos nos lleva a concluir que el "control político" de la educación fue el que causó el problema, y por tanto, no parecería que fuera la solución de nada. Con esto no rechazo las iniciativas a discutirlo todo, ni el rol que debe tener el Parlamento y el Poder Ejecutivo en asegurar que la educación sea un derecho asegurado por el Estado. Pero me gustaría también que se reconocieran los avances, para no empezar la discusión siempre de cero; que hoy hay mayor retención de los jóvenes en el sistema educativo, que se redujeron las brechas territoriales en cobertura educativa, que continúa aumentando la educación de las personas más pobres, que estamos mejorando en la culminación de secundaria, que mejoró la asistencia a clase, que se redujo el número de alumnos por docente, que continúan aumentando las escuelas de tiempo completo y las de tiempo extendido, que aumentó enormemente el número de estudiantes universitarios, o que las sedes regionales de la Udelar son un verdadero ejemplo a seguir, entre otros. Entonces la educación dejaría de ser un botín electoral, aprenderíamos a aquilatar la índole de los problemas, evaluar lo que se consiguió y lo que está en el "debe", y asegurarle a todos que la educación será la principal prioridad presupuestal y política del próximo gobierno.

Constanza Moreira