Frente Amplio

Inclusión, Protección y Seguridad con perspectiva de Izquierda

La semana pasada, en un local repleto, se presentaron las propuestas en Seguridad de Casa Grande. Participaron de la mesa Constanza Moreira, Rafael Paternain, Mariana Cattoi y Fabiana Goyeneche.

La violencia y el delito han aumentado en los últimos años en el Uruguay. La violencia anclada en desigualdades de género, el delito “aspiracional” producto de las nuevas pautas de consumo y de la precariedad social, y los círculos viciosos de violencia, exclusión y territorios marcan el perfil de una nueva complejidad que exige políticas integrales sobre nuevos relatos y horizontes programáticos. Nada es sencillo y el camino de la demagogia debe ser evitado. También deben ser evitados los balances indulgentes: las políticas de seguridad implementadas en los últimos años no han tenido impactos duraderos en el control del delito. Los principales indicadores no registran avances positivos, y las representaciones sociales se mueven cada vez más hacia discursos punitivos y autoritarios. El Frente Amplio se enfrenta a la exigencia de un radical cambio de paradigma.

Sin perder sintonía con las demandas, una nueva política de seguridad debe basarse en los siguientes principios estratégicos:

Acumulación de conocimientos técnicos y de saberes precisos y variados. Una política no puede prosperar sin evidencias empíricas sobre los fenómenos de la violencia y la criminalidad y sobre la realidad institucional del propio sistema de seguridad. Además, se precisan herramientas de evaluación para medir de forma confiable los impactos específicos de cada uno de los componentes de una política. Desarrollo de una mirada sistémica de los problemas y las respuestas. La seguridad presenta aristas multicausales y las propuestas de integralidad sólo podrán materializarse desde una complejidad que evite los abordajes parciales. Promoción de un trabajo programático que profundice esa perspectiva sistémica, construya los perfiles de liderazgo político para cada requerimiento y defina con claridad los cambios institucionales que se precisan para la consolidación de nuevas prácticas de gestión. Conceptualización sobre los principales problemas que entraña un orden político y social. Antes, durante y después, la acción política tiene que ser instrumento pedagógico que aliente nuevas visiones sobre los conflictos y las dinámicas sociales de fondo. Una política de seguridad nunca es neutra, e interpela los contenidos últimos sobre la ciudadanía, las relaciones sociales y la construcción de sujetos. Si los problemas de seguridad no son colocados dentro de un paradigma de inclusión social, se correrán graves riesgos de reproducir eternamente la gestualidad de la “mano dura” y profundizar las dinámicas de desigualdad y exclusión. A – Anticipación y prevención de la violencia y el delito

Creación de la Secretaría para la Prevención de la Violencia. Esta nueva Secretaría podría tener inicialmente bajo su órbita siete proyectos estratégicos: Unidad de monitoreo y evaluación de los contextos de violencia y criminalidad en el país. Mesas Locales para la Seguridad y la Convivencia. Política de desarme civil y regulación de las armas de fuego. Proyectos focalizados para la reducción de homicidios y lesiones graves intencionales. Programas de prevención de la violencia de género. Programas de prevención de la violencia hacia niños/as y adolescentes. Políticas para la reinserción y la reducción de la reincidencia criminal. B – Políticas de control y prevención del delito

Desarrollo de un modelo de concentración. Policiamiento comunitario. Gestionar la policía en base a la lógica de los procedimientos. Reestructura de las capacidades institucionales para la investigación criminal (coordinación profunda entre Fiscalía y Policía). Protección y control para la violencia de género. Creación de un Comisionado Parlamentario para el seguimiento del trabajo policial. C – Sanción del delito

Nuevos procesos de codificación (actualización normativa). Violencia de género y sistema de justicia criminal (aplicación plena de la nueva normativa). Sistema de sanciones no privativas de la libertad. Transformación de las percepciones sociales sobre la justicia. Adolescentes en conflicto con la ley penal (derogar normas punitivas). D – Políticas penitenciarias y reinserción social

Nueva dependencia institucional. Infraestructura, capacidades y reducción de la violencia. Tiempo de reclusión y capacidad disuasiva. Cárceles abiertas a la cogestión con sociedad civil y proyectos de extensión universitaria. Egreso, liberación y reinserción.

Para saber cómo participar del Círculo Temático Seguridad consultas e informaciones: seguridadcirculo@gmail.com

CASA GRANDE