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06 de Febrero de 2017

¿Qué hace el Frente Amplio para tratar de no hacer un ajuste fiscal?

Compartimos la intervención de la Senadora Constanza Moreira, en el inicio de la discusión sobre la Rendición de cuentas en la Cámara alta.

SEÑORA MOREIRA.- Señor presidente: soy la penúltima antes de que el miembro informante culmine esta parte de la discusión del proyecto de ley. Voy a compartir una exposición lo más brevemente posible con el señor senador Carámbula.

La discusión del día de hoy parece que se centra en: el Uruguay entre el ajuste y el despilfarro –o algo así– porque se sostiene que ahora hay que hacer un ajuste ya que antes se hizo un despilfarro. Considero que esa afirmación debe ser puesta en cuestionamiento y yo solo me voy a dedicar a esto, primero, porque cuando aprobamos el Presupuesto nacional la perspectiva de crecimiento del Uruguay estaba entre el 2,4 % y el 3 % para los analistas privados, para el Fondo Monetario Internacional, para el Banco Mundial y para la Cepal. Quiere decir que nosotros hicimos un Presupuesto con una gran previsión –previendo, además, que se ajustaba al segundo año– y con los números que daban las proyecciones económicas de los organismos multilaterales e internacionales.

Ahora bien, cuando el informe económico financiero dice que algunos factores externos experimentaron una evolución más rápida o más intensa de lo previsto, es así señor presidente; fue más rápida y más intensa de lo previsto. ¿Quién iba a imaginar que Cunha iba a ser apartado del Congreso brasileño en el día de hoy? ¡Nadie! Cunha era el rey del impeachment en Brasil hace unos pocos meses, y eso es imprevisibilidad política. Y la imprevisibilidad política del escenario brasilero impactó enormemente en la región. Además, señor presidente, quiero decir que hay quince países que están aprobando sus Presupuestos con ajustes a la baja. ¡Quince países de América Latina están haciendo lo mismo que nosotros!

 Por otro lado, me parece que la caída de los precios de los commodities alimenticios en un 17 % es un factor externo que a las economías pequeñas y periféricas como la uruguaya les resulta relativamente incontrolable.

América Latina hoy está con estancamiento y recesión y tiene un crecimiento previsto de -0,1 %; Brasil está cayendo tres puntos o más y su déficit fiscal está trepando al 10 % mientras que el de Argentina está más del 5 %. Y Argentina no se está recuperando. No; no es así. La confianza del consumidor cae en picada en ese país. ¡Eso sí, creo que en los últimos cincuenta años es la primera vez que Argentina y Brasil entran en recesión y Uruguay consigue resistir con una tasa de crecimiento del Producto positiva! No recuerdo otro período –ya no digo en mi breve existencia sobre la Tierra– en el que nosotros hayamos podido soportar una recesión importante y prolongada de los países vecinos, con una tasa de crecimiento del PBI positiva. No lo recuerdo, y esto habla –creo yo– de la fortaleza de la economía uruguaya.

Simplemente, empiezo por decir esto: que los números eran otros cuando aprobamos el Presupuesto, que los números de las agencias internacionales eran otros, que no hubo imprevisibilidad sino responsabilidad. Además, señor presidente, al ministro Astori se lo puede acusar de muchas cosas, pero de despilfarrador seguramente que no. ¡No! Otros adjetivos le cabrán, pero no precisamente ese. Si el Presupuesto, por primera vez, se hizo a dos años es porque ya se tenía la perspectiva de que íbamos a tener que modificarlo.

Ahora bien, señor presidente: sostener que este es un ajuste fiscal me parece una temeridad. Estamos reduciendo USD 87:000.000 de los incrementos del 2017. Yo no sé en cuánto anda el Presupuesto nacional, pero supongo que el Presupuesto público debe estar entre el 25 % y el 27 % del PIB. Quiere decir que el llamado ajuste fiscal trabaja en una reducción presupuestal de un centésimo. Si lo que estamos reduciendo en esta rendición de cuentas es un centésimo, no se le puede llamar ajuste fiscal.

 –En segundo lugar, la expresión ajuste fiscal viene de la Ley n.º 16107, de 1990. El Uruguay desembarca en la trayectoria de los ajustes fiscales con esta primera propuesta; luego hay otro ajuste fiscal en el 2002. El ajuste fiscal de 1990 implicó un aumento del IVA, mientras que hoy tenemos una rebaja de ese impuesto. También implicó un aumento de lo que se cobraba a los sueldos y jubilaciones a partir de los tres salarios mínimos, y el conjunto de medidas al que se llamó ajuste fiscal en los años noventa tuvo como resultado una caída del salario real de 10 puntos. ¿A qué se llama ajuste fiscal? El ajuste fiscal nosotros lo conocemos de esa época, aunque luego se siguió llamando de esa manera. Pero esas primeras leyes de ajuste fiscal no tenían necesariamente una connotación peyorativa como la que vinieron a tener después. La bibliografía llama ajuste estructural a algo muy distinto a lo que estamos haciendo ahora.

 Los ajustes estructurales, tal como discutimos en el Presupuesto, se caracterizan por reducir los gastos del Estado especialmente en salud y educación –creo que esta rendición de cuentas se caracteriza por tratar de blindar el gasto público social– y por el recorte de la inversión pública, que tampoco es el caso de esta rendición de cuentas. Por otra parte, lo que se llama ajuste estructural en América Latina fueron ajustes hechos, en general, para obtener préstamos del Fondo Monetario Internacional o del Banco Mundial, situación por la cual ya pasaron Grecia, España, etcétera. Ya sabemos qué ajuste estructural es ese conjunto de medidas, en general, pedidas por los organismos acreedores para que los países «saneen» su economía.

Esta historia siniestra del ajuste estructural de los años noventa implicaba un montón de medidas que nada tienen que ver con el proyecto del gobierno. La liberalización, la privatización, la desregulación, las devaluaciones, la remoción de subsidios estructurales, son características de lo que se llamó ajuste estructural en América Latina y nada tienen que ver con lo que estamos votando.

 Ahora, despilfarro, señor presidente, no hay. Lo primero que hicieron los gobiernos del Frente Amplio fue terminar con una medida –que ahora algún senador propuso– que no permitía más ingresos presupuestales al Estado. ¿En qué desembocó eso? En que cuando el Frente Amplio llegó tenía una especie de Estado a dos tiempos: estaban los presupuestados por un lado y, por otro, todos los contratos precarios, que se salían de la carrera funcional. El Gobierno del Frente Amplio tuvo que regularizar y transparentar todo eso. El sistema de concursos para el ingreso al Estado fue retomado por el Frente Amplio.

El combate a la evasión y la reforma de la DGI fueron tareas que acometió el Frente Amplio y que se tradujeron en una mayor transparencia de la economía uruguaya. Ni que hablar de las medidas de transparencia fiscal, las limitaciones al secreto bancario y todo lo que implicó para el Uruguay saber sobre la tasa de ganancia de las empresas después de que aprobamos el IRPF. Antes de aprobar el IRPF el Gobierno sabía mucho sobre los pobres, no sabía nada sobre los ricos, no sabía nada sobre el capital y tampoco sabía nada sobre las ganancias. Por lo tanto, despilfarro no hubo, señor presidente, sino transparencia y política pública.

¿Qué hace el Frente Amplio para tratar de no hacer un ajuste fiscal, que es la gran cuestión? En primer lugar, trata de aumentar la carga tributaria de los sectores más ricos. Cuando se proyecta un aumento a la renta empresarial –aunque quizás alguno de nosotros hubiera preferido un aumento generalizado del 25 % al 30 %, pero en definitiva hay un aumento a la renta empresarial–  y a la tributación de los sectores que más ingresos tienen, lo que se está haciendo es una política, tributaria, pero también redistributiva. El 90 % de la recaudación adicional lo va a poner el 10 % más rico. Entonces, esta es la gran discusión política. No se puede llamar en serio ajuste fiscal a un incremento de USD 87:000.000. No se trata de un ajuste estructural como el que tuvimos en los años noventa y en el año 2002. ¿Entonces qué es? Es otro bicho, tiene otro nombre y está hecho con una perspectiva completamente distinta; está hecho con la perspectiva de aumentar la recaudación en el tramo de arriba y, al mismo tiempo, postergar los gastos que no comprometan las políticas sociales, tratando de blindar el gasto público social.

Lo que encuentro curioso de este debate es que no se discute el recorte del gasto; parece que todo lo que es recorte del gasto público es buena palabra pero aumentar los impuestos al capital sí merece ser discutido. ¿Qué clase de discusión de justicia tributaria y de justicia fiscal es esa? Quizás detrás de ello haya una concepción, que es política, sobre cómo reacciono como Gobierno, como país, en un momento en que las previsiones económicas están a la baja. Este es un modo de reaccionar, es decir, aumentar la recaudación gravando arriba y tratando de evitar recortes en el gasto público social. Estamos innovando en ese sentido y yo misma estoy observando este proceso con gran curiosidad. Mientras tanto, veo el ajuste fiscal brasileño, que consiste en la modificación de las leyes trabalhistas que tanto le costó al Brasil aprobar; un recorte del gasto público social; aumento del presupuesto de defensa, –según me dicen por ahí– y, por supuesto, un aumento generalizado para los funcionarios del Poder Judicial, que hoy son los grandes cómplices del gobierno de Temer.

Creo que el Uruguay está recorriendo un camino distinto. Veremos cómo nos va porque se puede aumentar la presión tributaria arriba pero nunca se sabe lo que se va a sacar. Pienso que estamos en lo correcto y no creo que hayamos sido poco previsores, despilfarradores o irresponsables; nos tocó una coyuntura compleja. Claro: me gustaría reducir el gasto en defensa y también la devolución de aportes al Fonasa. Sin dudas, redefiniría nuestra política de zonas francas y cambiaría muchas otras cosas para mejorar la ecuación fiscal, pero la filosofía de esta rendición de cuentas es esa: aumentar la presión tributaria arriba y blindar los gastos sociales abajo. Eso es político; esa es la definición política. Se puede este artículo 7.º u otros, pero la definición política es esa y yo la comparto en un cien por cien.

 –Hay cosas que me gustan de esta rendición de cuentas y hay otras que no me gustan. No me gusta tener una rendición de cuentas que no nos permita tener un poquito más de plata para gastar, que es lo que ha venido haciendo el Frente Amplio en todos estos años, a diferencia de las rendiciones de artículo único de gasto cero. Esta es la primera vez que no logramos aumentar el gasto público; me refiero al gasto público social y a la inversión pública. Eso es en lo que se gasta de más en este Uruguay de los últimos diez años.

Ahora bien; escuché algunas cosas sobre este lindo artículo que estaba incluido en la rendición de cuentas –que ahora viene por ley separada–, que propone poner un tope a los sueldos de los empleados públicos. Ese artículo me gusta, porque entre otras cosas me parece que este país no puede tener una administración central sobre la cual se ajustan todas las miradas, mientras que hay gobiernos departamentales que gastan y administran de una manera completamente ajena a la normativa y a la corrección administrativa que nos hemos dado en el Estado central. Me gustaría que todo el Estado, incluyendo los gobiernos departamentales, se comprometiera a la misma normativa, a la misma escala salarial. Estimo que tenemos que homologar todas las normas porque este un país chiquitito y no 19 países diferentes.

 

      Voy a decir algo con respecto a las universidades privadas. Estaba de acuerdo con el texto que se aprobó en la Cámara de Representantes, pero para muestra basta un botón. La Universidad de la Empresa, entre los años 2011 y 2015, recibió $ 7:900.000 de donaciones; de eso, el Estado aportó $ 6:580.000. Por su parte, la Universidad de Montevideo recibió $ 50:000.000 de donaciones, de los cuales el Estado puso $ 42:000.000. Cuando la diputada Gelman discute sobre esto dice: «Si el Estado va a poner toda esa plata, o la inmensa mayoría de ella, entonces, quiero dirigir el gasto, quiero saber hacia dónde estoy dirigiendo mi gasto».

 

     En cuanto al tema de la educación, no me voy a asustar con las afirmaciones de que los gremios de la educación dominan este país, primero, porque fui parte de los gremios de la educación y, además, porque nosotros luchamos para incorporar a los trabajadores en la dirección de los organismos públicos. Así que no me asusta ninguna de las afirmaciones que se hacen sobre los gremios de la educación.

 

      En primera infancia, educación inicial, aumentó 85 % la matriculación de 3 a 5 años. En educación primaria cayó la matrícula en la educación primaria pública, pero aumentó la cobertura en educación primaria privada. Algo se habló de esto. Pero cuando aumenta la cobertura en educación primaria privada, señor presidente, es porque hay más plata en los bolsillos de los hogares. En educación media básica, aumentó 14 % la matrícula entre 12 y 14 años. En la educación media superior no logramos resolver la tasa de egreso. En cuanto a la formación docente, aumenta desde el 2000 en 87 %, y así podemos seguir.

 

Con esto quiero decir que tenemos un déficit grande en el egreso de la educación media superior, y punto, señor presidente. Hay una afirmación de Pablo Da Silveira con respecto a las pruebas PISA –que en esta sala se ha repetido hasta el cansancio– y que no es correcta. En las pruebas PISA Uruguay sigue estando después de Chile y de México; está en tercer lugar en matemáticas y lectura, y en segundo lugar, entre los países de América Latina que se miden –pues no se miden todos–, en ciencias. O sea que Uruguay está arriba en las pruebas PISA; cayó Colombia, cayó México y cayó Chile. Miren los señores senadores: ¡cayó Chile! Entonces, no es cierto que Uruguay es el único país de América Latina que experimenta una caída. Esta discusión es demasiado bizantina para acometerla en este recinto; en todo caso, eso de que la educación es un desastre y de que el Uruguay fue despilfarrador y ahora está practicando un ajuste estructural, son afirmaciones temerarias que no se sostienen en ninguna información de base contundente.

 

      Y sobre los indicadores de salud, señor presidente, no digo nada. Uruguay tiene la tasa de mortalidad infantil más baja de la historia; cualquier médico, o cualquier persona que se desempeñe en el área de la salud, sabe que la tasa de mortalidad infantil y la tasa de mortalidad neonatal son los indicadores por excelencia de si un sistema de salud funciona bien o funciona mal. Estos son los grandes números: tenemos la tasa de mortalidad infantil más baja de la historia del país.

 

Señor presidente: voy terminando en una clave de reflexión más política –con las palabras que comenzó el señor senador Carámbula y las que finalizó el señor senador Agazzi–, basada en un teórico de la política llamado Pierre Rosanvallon, que escribió un libro titulado La Contrademocracia. Dice que la democracia tiene unos doscientos años, durante los cuales no cambió mucho en materia de sufragio universal, de parlamentos, de Poder Ejecutivo, de Poder Judicial y de separación de poderes. No hemos innovado demasiado. Sin embargo, hay otra fuerza que sí va creciendo y se va expandiendo: la contrademocracia.

 

            La contrademocracia es ejercida por los medios de comunicación, que van construyendo la agenda de lo que sucede en la política más allá de la política; se va construyendo a través de la judicialización de la política, donde todo finalmente termina en «es inocente» o «es culpable», y sustraemos a la discusión general y al pensamiento la complejidad de lo que de verdad pasa. ¡Ni que hablar del escarnio, de los líderes, de las personas, de sus reputaciones personales!

            Una cosa buena de la contrademocracia es que el pueblo nos controla todo el tiempo, el pueblo nos vigila, el pueblo es juez, pero no podemos olvidar que la contrademocracia genera un sistema de desconfianza generalizada en la política. Frente a esta situación –dice Rosanvallon– se produce una retracción de la política y una apatía ciudadana. Y los pueblos que no confían en la política no pueden ser pueblos que tengan una democracia fuerte.

             

Señor presidente: la contrademocracia es una teoría política. Está la contrademocracia liberal, que es la desconfianza contra un gobierno popular, y la contrademocracia democrática, que es la movilización contra un gobierno para tratar de que vaya donde uno quiere. Hay contrademocracia buena y hay contrademocracia mala. Hay contrademocracia positiva y hay contrademocracia negativa.

 

            Con mucho gusto le hago llegar a los senadores que quieran esta interesante teoría.

            Simplemente señalo que la contrademocracia tiene sus aspectos luminosos, de control popular de los gobiernos elegidos, y sus aspectos oscuros.

            Nada más. Muchas gracias.  

 

 

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