Frente Amplio

La ley de violencia basada en género se votará en la Cámara de Senadores en estos días, lo cual significa un hito en nuestro orden jurídico. Una ley que simboliza una excepción al derecho androcéntrico que nos regula. Este anteproyecto es resultado de un proceso participativo que se inició en 2012 en el marco del Proyecto “Uruguay unido para poner fin a la violencia basada en género y generaciones” El objetivo del proyecto es dar una respuesta integral y responsable por parte del Estado a la violencia basada en género que sufren las mujeres de nuestro país. El cuerpo del proyecto en su primer capítulo aborda el objeto de la norma, las reglas específicas para la interpretación e integración de la misma, se define la violencia basada en género y sus distintas manifestaciones y se explicitan los principios rectores. Una ley que hace principal hincapié en los derechos de las mujeres como derechos humanos acompasando nuestra normativa a las Convenciones Internacionales.

Crea un “Sistema Interinstitucional de respuesta a la violencia basada en Género hacia las Mujeres” y establece la estructura básica del sistema de respuesta. También crea el Consejo Nacional por una Vida Libre de Violencia el órgano interinstitucional de asesoramiento y articulación.

Por otro lado, se trazan los lineamientos para las Políticas Públicas que permitan enfrentar la violencia basada en género. Estos lineamientos abarcan diferentes áreas, entre ellas la educación, la salud, laborales y de seguridad social, seguridad, defensa nacional, comunicación y consulares. Así mismo, se establecen lineamientos específicos acordados con los organismos con competencia en la rectoría de las políticas para la niñez y adolescencia para las mujeres adultas mayores y para las mujeres en situación de discapacidad.

En el Capítulo IV “Red de servicios de atención a mujeres en situación de Violencia Basada en Género” se determinan las prestaciones y servicios mínimos que el Estado se obliga a brindar a las mujeres víctimas de violencia basada en género. Allí se incluyen los servicios de atención del Instituto Nacional de las Mujeres y del Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay, los servicios de resocialización de varones que han ejercido violencia los equipos móviles que facilitan el acceso de las mujeres rurales o con dificultades de desplazamiento, los servicios de atención a la salud de las víctimas y de sus hijos a cargo, las alternativas habitacionales las medidas para la permanencia de niñas, niños y adolescentes en el sistema educativo para la permanencia en el trabajo de las mujeres durante la situación de crisis motivada por la violencia basada en género, la inserción laboral para el cuidado de las personas dependientes y previsión para contemplar la situación específica de las mujeres migrantes.

Además se modifican los procesos administrativos y judiciales para darle una mejor y mayor atención a las víctimas, evitando que estén tiempo de un lugar a otro y puedan ser atendidas en una sola sede judicial en forma completa. Se establecen fuertes medidas cautelares para impedir que durante el proceso la victima corra peligro, tratando de brindarla la mayor seguridad.

En el plano penal hay una modificación de los delitos sexuales, logrando tipificar el abuso sexual antiguamente la violación, de forma más compleja pudiendo enmarcar diversas situaciones de abuso. También se establece la incorporación de dos tipos penales directamente vinculados a las nuevas tecnologías de comunicación: la divulgación de imágenes de contenido íntimo y el embaucamiento de personas menores de edad con fines sexuales por medios tecnológicos.

Por último, se tiene en consideración el sufrimiento que significa para la victima la realización de la denuncia de estos delitos, por lo cual el plazo de prescripción se comienza a contabilizar a partir de la mayoría de edad en los casos que el daño haya ocurrido en la minoridad.