Frente Amplio

Impuesto a los militares

Fuerzas Armadas

El déficit de la caja militar: algunas cifras

El déficit de la caja militar ronda, al día de hoy, los USD 480:000.000 por año; déficit que irá aumentando sistemáticamente en el futuro. Para un país como el Uruguay, cualquiera sea la perspectiva de crecimiento o la posición que tengamos en relación al gasto público, resulta insostenible. Este déficit está llegando a un punto del producto del país. Si a esto le sumamos el gasto de defensa –un punto más del producto- tenemos dos puntos del PBI dedicados al tema de la defensa, en un país sin conflictos limítrofes, en un país que arregla sus problemas diplomáticamente. En promedio, este porcentaje es de los más altos de América Latina y del mundo. Cuando se dice “vamos a empezar a discutir qué Fuerzas Armadas queremos”, debemos preguntarnos qué hacemos con el presupuesto nacional y con la riqueza del país, a qué se destina y, sobre todo, a qué se destina el gasto público. La creación de este sistema de retiros y pensiones militares es del año 1974, cuando se modificó y aprobó la Ley Orgánica Militar que hoy conocemos. En estos años, se han hecho unas pocas reformas parciales como esta, pero venimos de esas normas elaboradas en dictadura. En Uruguay los jubilados militares son 50.000 personas. La aplicación de este impuesto no afectará a las Fuerzas Armadas en su conjunto (a los 50.000 jubilados militares), sino que va a afectar a menos de 8.000, que son quienes perciben las más altas jubilaciones, que son mayores a $50.000 por mes. Todos los uruguayos pagamos, todos los meses, $ 20.000, en promedio, por jubilado militar. Pero en las jubilaciones más altas -que son las que este impuesto afecta-, los uruguayos estamos pagando $ 60.000 promedio por cada jubilación por mes, cifra que la inmensa mayoría de los uruguayos no cobra ni cobrará jamás por concepto de jubilación. Las transferencias del Estado a las Fuerzas Armadas pasaron, entre 2005 y 2016, de $ 7.000:000.000 a $ 13.000:000.000, es decir, al doble. De esos $ 13.000:000.000, $ 9.500:000.000 son aportados por rentas generales. Es decir, entre el 75% y el 80% del financiamiento de la caja militar es a través de rentas generales, y el financiamiento propio, el que hacen los activos, es entre el 15 % y el 20 %. A modo de comparación, solo en el bienio 2013-2015 el incremento por inciso fue: en ANEP, 2,8 %; en el Poder Judicial, 6,6 %; en ASSE, 8 %, mientras que las transferencias a las Fuerzas Armadas aumentaron 11,4 %. El déficit de la caja militar no obedece a que hoy hay menos activos que antes. Ahora hay 27.000 activos; hace veinte años había solo 5.000 activos más. No hay una reducción tan grande en el número de activos que justifique el déficit de la caja militar. El déficit se produce por edades de retiro tempranas, más aún en un contexto en el que todos los años aumenta la expectativa de vida; la tasa de reemplazo o el haber básico jubilatorio –que llega al 120 %–; la ausencia de tope y, por supuesto, el cómputo de servicios desde el liceo militar. Todo eso se modificará por la reforma de la caja militar.

Los argumentos de la oposición y el costo del Estado

La oposición plantea que el gobierno del Frente Amplio propone este impuesto para reducir el déficit fiscal y que dicho déficit no debería reducirse con más impuestos, sino bajando el costo del estado. En términos sencillos dice: “no sigamos metiendo presión tributaria para sostener el costo del Estado y apuntemos a reducirlo”. Sin embargo, cuando llega el tema de los militares estas propuestas no se plantean: no plantean reducir el costo de las Fuerzas Armadas, ni reducir el número de militares. No; todas las propuestas que se hacen son para aumentar el gasto militar: se necesita más inversión, se necesitan aviones, barcos… Se necesita aumentar el sueldo de los soldados –¡qué duda cabe!–, pero sin contrapartida, es decir sin reducción de vacantes. Por tanto, eso también es aumentar el gasto. 

La justicia previsional

La aplicación de este impuesto no obedece solamente al monto del déficit y a la responsabilidad fiscal, sino que responde también a razones de justicia previsional.

  1. Equidad actuarial: El primer principio de justicia previsional de la reforma de 1996, es el de la equidad actuarial. ¿Qué quiere decir? Que uno recibe de jubilación el equivalente de lo que se aporta como activo: se aporta durante toda la vida y luego se recibe un porcentaje de lo que se aportó. En el caso de los jubilados militares el principio de equidad actuarial no existe. No existe por algunas razones muy simples: porque trabajan en promedio quince años menos que los activos del resto del sistema, por las edades de retiro voluntarias y las edades de retiro obligatorio más tempranas, y porque reciben el 100 % de sus jubilaciones y, además, no tienen tope. Este impuesto no resolverá esta inequidad actuarial, pero sí lo corregiría la reforma de la caja militar. Si un subalterno se jubila con cuarenta años y después vive, según la tasa de expectativa de vida de los hombres, 77 años, durante treinta y siete años de jubilación se paga el cien por ciento del último salario. Entonces, el principio de la equidad actuarial, que determina que cada uno recibe en función de lo que aporta –es lo que la oposición usó para votar la reforma de la seguridad social de 1996 que hoy afecta a todo el sistema–, no funciona en el caso de los militares.
  2. Sostenibilidad del sistema: El segundo principio refiere a la equidad general del sistema: el principio de sostenibilidad, es decir, cuánto aporta cada colectivo, cada caja, y cuánto recibe. No es un principio de la equidad individual –es decir, de lo que cada uno aporta y luego recibe–, sino un principio del colectivo, de cuánto aporta el colectivo y cuánto recibe. Esos principios de sostenibilidad financiera son los que han llevado al Poder Ejecutivo a reformar todas las cajas: el principio de la equidad general del sistema o el de sostenibilidad. Hay 50.000 jubilados militares y 27.000 activos, jubilaciones muy onerosas, edades de retiro voluntario muy tempranas, no existen topes, etcétera, por lo tanto, el principio de equidad general no se sostiene y es lo que se muestra cuando se pregunta cuánto aportan las Fuerzas Armadas a la sostenibilidad de su caja: solo el 15 %; el resto lo aporta rentas generales. A esto, cabe agregar lo siguiente: los aportes personales son menores que los del resto de los uruguayos, pues se ubican en el 13 % (la reforma de la caja militar los llevaría al 15 %). O sea, no aportan como el resto de los trabajadores. Las transferencias de rentas generales por cada pasivo militar son USD 8000 por año. Las transferencias generales para cada jubilado del Banco de Previsión Social son USD 1600 por año, o sea, cuatro veces menos. Las transferencias de rentas generales para los policías, que son altas –porque hace muy poco tiempo se reformó esa caja-, son de USD 3500 por año. Las transferencias que se hacen a la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias son de USD 700 por año por activo, o sea, diez veces menos que a la caja militar. En el régimen general del Banco de Previsión Social, los activos contribuyen con el 70 % de sus pasivos; en el caso de la caja militar contribuyen con el 15%. ¿Cómo se volvió sostenible el Banco de Previsión Social? Fue gracias a enormes sacrificios: se pasó del sistema de testigos a las declaraciones juradas, las personas deben tener entre 30 y 35 años de trabajo efectivo y declarado y hubo que eliminar la informalidad. Al mismo tiempo, sabemos que el tope de las jubilaciones del BPS está en $ 59.000. Unos de los sueldos más altos del Estado uruguayo, como el del presidente de la República o los senadores, si no tienen aportes a otras cajas, se van a jubilar con $ 60.000. Un coronel se va a jubilar con $ 120.000, un mayor con $ 80.000. Esos son los principios de equidad del sistema que estamos violando con el régimen actual.
  3. El tercer principio de justicia previsional es la universalidad del sistema. La universalidad del sistema significa que todos van a ser iguales, diferenciándose solo por sus talentos y necesidades. Ese es el principio de la universalidad. No es la igualdad absoluta, sino que la diferenciación se produce por las necesidades y por los talentos. Este régimen viola la universalidad del sistema de tres maneras distintas. i) La primera es porque consagra un régimen “de excepción”. Después de 1996 se reformaron todas las cajas –la policial, la bancaria, etc.- buscando la equidad, la sostenibilidad y la universalización del sistema. El déficit de la caja militar duplica, por ejemplo, el de la caja policial. La primera violación al principio de la universalidad, entonces, es no adaptarse al régimen general. ¿Por qué el régimen previsional de los militares no puede ajustarse a los principios generales del sistema, incorporando, como se hace con los trabajadores de la salud o de la educación sus especificidades, como edades de retiro distintas, consideraciones especiales sobre la insalubridad de ciertos trabajos, u otras características que importe considerar en función del tipo de trabajo que se ejerce? ¿Por qué no modificar el Sistema de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas cuando hemos reformado el resto de las cajas? ¿Por qué la caja militar tiene que escapar a los principios de universalidad del sistema que los mismos impulsores de la reforma de la seguridad social en 1996 defendieron ardientemente? Esta pregunta política requiere una respuesta política, porque las razones económicas y de justicia están de nuestro lado. Ni siquiera lo defendemos con nuestros propios argumentos, sino con los mismos que justificaron la gran reforma de 1996. ii) Segunda violación al principio de universalidad del sistema: las pasividades promedio militares están muy por encima del promedio de todas las pasividades del país. La pasividad promedio de la caja militar duplica la del BPS. ¿Por qué? Se puede argumentar que un soldado no puede trabajar con más de 45 años, pero ¿por qué su pasividad debe ser el doble de lo que gana un policía? No existe justificación para esto; es una gran injusticia previsional. ¿Por qué comparamos la pasividad promedio de la caja militar con la del BPS? Justamente porque es el régimen general, y los militares son funcionarios públicos especializados, pero no son un estamento separado de la sociedad. Entre los militares, el promedio de la jubilación de los subalternos con retiro obligatorio –no con retiro voluntario, es decir, cumpliendo con las nomas de edad y los años de servicio– es de $ 30.000. Los subalternos que pasan a retiro voluntario, con veinte años de ejercicio y 38 años de edad –computándoseles el liceo militar, y años dobles por los viajes–, ganan lo mismo que el promedio general del BPS. Para los oficiales y jefes, el promedio de haberes de retiro voluntario es de $ 50.000; y es de $ 80.000 en el caso de los retiros obligatorios. La oficialidad superior está dos veces y medio por encima de la jubilación tope del BPS; el promedio de retiro es de $ 120.000 para la franja más alta. iii) La tercera violación al principio de universalidad son las edades de retiro. La edad promedio de retiro del BPS es de 63 años. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe que el salto de 60 a 65 años es muy importante, y la mayoría de las personas trata de jubilarse a los 65 años. Entre los militares, la edad promedio de retiro voluntario es de 47 años, y la de retiro obligatorio es de 51 años. Casi doce años menos de edad y el doble de jubilación. Es una doble violación: la de las edades de retiro y la de los haberes jubilatorios. Se jubilan con diez años menos y con el doble –en números promedio– de quienes se jubilan por el régimen general.

En resumen, el cálculo jubilatorio actual viola el principio de equidad actuarial entre aportes realizados e ingresos devenidos por la pasividad, viola el principio de equidad general entre los aportes de colectivo y los egresos que se tienen que hacer, y viola el principio de universalidad. Es la única caja que no se ha reformado; la pasividad promedio es dos veces más alta que la del resto; las edades promedio son diez o doce años menos que las del resto, y además no tienen tope, pese a que los topes son muy importantes para la sostenibilidad del sistema.

Los objetivos del impuesto

Este impuesto tiene tres virtudes que responden a tres principios. El primer principio es que se trata de un impuesto marginal en su afectación: afecta a algo más de 7.000 pasivos, que representan un porcentaje de entre 15 % y 20 % de los retirados militares. Quienes ganan menos de $ 50.000, que son la mayoría, no se verán afectado por este impuesto. Así que es un impuesto marginal en su afectación, pero mejora la sostenibilidad del sistema. Está en evidencia aquí la gran desigualdad dentro de las Fuerzas Armadas: por un lado, los que ganan poco, los que están sometidos a órdenes, y por el otro, los que ganan mucho y pueden ejercer presiones corporativas defendiendo sus privilegios. En ningún otro sistema del Estado existe una jerarquía ni una desigualdad tan marcadas. Cabe recordar que el gobierno del Frente Amplio fue quien aumentó los salarios del personal subalterno, de presupuesto en presupuesto, pidiendo que se redujeran las vacantes para poder aumentar los salarios de dicho personal sin seguir incrementando el déficit. El segundo principio es el de la progresividad del impuesto (frente a la regresividad general del sistema). Si uno tiene una jubilación de entre $ 72.000 y $ 79.000, pagaría de incremento $ 2.000 más. El máximo incremento sería para las jubilaciones de $ 160.000, para las que el incremento estaría cercano a los $ 15.000. Las tasas se aplican del mismo modo que en el caso del IRPF, es decir, por franjas y sobre la diferencia. El tercer principio positivo de este impuesto es el de la provisoriedad o afectación temporal, pues es un impuesto por 18 meses. Algunos queríamos que este impuesto durara hasta que funcionara el nuevo sistema previsional militar y las cuentas se cerraran, pero no fue ese el acuerdo al que llegamos. Así que el impuesto es bastante efímero. En resumen, el impuesto es necesario, pues no se puede mantener el déficit de la caja militar; el impuesto es justo porque reequilibra la equidad actuarial del sistema, la equidad general o sostenibilidad; al mismo tiempo, es provisorio porque se implementará hasta tanto no surja una solución más estructural. Achicar la brecha entre civiles y militares, integrar, no separar ni volver opacos, indiscutibles e incomprensibles los temas de los militares y que sean del dominio civil, es un gran logro del Frente Amplio, especialmente de algunas personas y grupos del FA que han colocado estos temas en el debate público.

Las inconstitucionalidades de las leyes otra vez sobre la mesa

Durante la discusión en el Senado, los legisladores de la oposición anticiparon inconstitucionalidades futuras a esta ley, “reinventando” la república, queriendo alertar sobre hipotéticas resoluciones de la Suprema Corte de Justicia, lo que no parece ser una buena forma de discutir. La república está basada en el principio de división de poderes: el Parlamento legisla y la Suprema Corte de Justicia hace el control de la constitucionalidad de las leyes. Querer anticipar supuestas inconstitucionalidades vuelve a ser un argumento para no discutir la sustancia de los asuntos, y usarlo como pretexto. En definitiva, debemos discutir sobre las leyes, su justeza, su oportunidad y sobre la responsabilidad de los dineros públicos del país. Esto sí es tarea y responsabilidad del Parlamento.